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Soledad Alonso: "La economía no se ordena cuando se desarma la Argentina del trabajo"
Mientras el Gobierno sostiene que “la economía se está ordenando”, la diputada provincial Soledad Alonso advirtió sobre el aumento de la desocupación, el cierre de empresas y el deterioro del tejido productivo. Alertó que más de 430 mil puestos de trabajo están en riesgo y calificó al modelo actual como “una expulsión social planificada”.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que “la economía se está ordenando”, desde distintos sectores advierten que el ajuste recae sobre los trabajadores, jubilados, estudiantes y pequeñas empresas. La diputada provincial Soledad Alonso fue una de las voces críticas y alertó sobre el deterioro del empleo, el vaciamiento de la industria nacional y el avance de la pobreza laboral.
“Estamos viendo las consecuencias de un modelo económico que no está pensado para el pueblo. Destruye empleo, vacía la industria y abandona a quienes más necesitan del Estado. Este es un modelo de expulsión social planificada”, expresó Alonso, en diálogo con medios provinciales.
Según datos oficiales, solo en los primeros meses del año, más de 300 mil personas perdieron su trabajo. La desocupación ya afecta a 1,1 millón de personas, con un impacto especialmente fuerte en jóvenes, mujeres y jefas de hogar. “Lo único que crece son las changas, los trabajos en plataformas, el pluriempleo y con ellos, la precarización laboral”, lamentó la legisladora.
El fenómeno del desempleo de larga duración se consolida. Cada vez más personas pasan meses —e incluso más de un año— buscando trabajo sin conseguirlo, situación que golpea particularmente a quienes se desempeñaban en la informalidad o en tareas por cuenta propia.
A este panorama se le suma la amenaza sobre más de 430 mil puestos de trabajo, en riesgo por la apertura indiscriminada de importaciones. Sectores como el textil, metalúrgico, electrónico y del calzado ya muestran señales de recorte de personal o cierres definitivos, con especial impacto en provincias industriales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego.
“Las PYMES no pueden sostenerse: ofrecen descuentos del 50% o hasta 12 cuotas, y aun así no logran vender porque la gente no tiene plata”, agregó Alonso. “Las familias están usando la tarjeta para comprar comida, aunque después se les haga difícil pagarla y terminen endeudándose para comer”.
En paralelo, la inversión social alcanzó su punto más bajo desde 2002. El Gobierno recortó programas como Progresar —que perdió más del 60% de su presupuesto—, desmanteló Potenciar Trabajo y redujo de manera significativa las iniciativas destinadas a promover el empleo registrado.
Para Alonso, este escenario no ofrece salida: “No hay proyecto de país viable con este modelo. Le tenemos que poner un freno en las elecciones del 26 de octubre. Un freno al ajuste, la desigualdad, la desidia y a la deshumanización que trajo el Gobierno de Milei”, concluyó.
“Estamos viendo las consecuencias de un modelo económico que no está pensado para el pueblo. Destruye empleo, vacía la industria y abandona a quienes más necesitan del Estado. Este es un modelo de expulsión social planificada”, expresó Alonso, en diálogo con medios provinciales.
Según datos oficiales, solo en los primeros meses del año, más de 300 mil personas perdieron su trabajo. La desocupación ya afecta a 1,1 millón de personas, con un impacto especialmente fuerte en jóvenes, mujeres y jefas de hogar. “Lo único que crece son las changas, los trabajos en plataformas, el pluriempleo y con ellos, la precarización laboral”, lamentó la legisladora.
El fenómeno del desempleo de larga duración se consolida. Cada vez más personas pasan meses —e incluso más de un año— buscando trabajo sin conseguirlo, situación que golpea particularmente a quienes se desempeñaban en la informalidad o en tareas por cuenta propia.
A este panorama se le suma la amenaza sobre más de 430 mil puestos de trabajo, en riesgo por la apertura indiscriminada de importaciones. Sectores como el textil, metalúrgico, electrónico y del calzado ya muestran señales de recorte de personal o cierres definitivos, con especial impacto en provincias industriales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego.
“Las PYMES no pueden sostenerse: ofrecen descuentos del 50% o hasta 12 cuotas, y aun así no logran vender porque la gente no tiene plata”, agregó Alonso. “Las familias están usando la tarjeta para comprar comida, aunque después se les haga difícil pagarla y terminen endeudándose para comer”.
En paralelo, la inversión social alcanzó su punto más bajo desde 2002. El Gobierno recortó programas como Progresar —que perdió más del 60% de su presupuesto—, desmanteló Potenciar Trabajo y redujo de manera significativa las iniciativas destinadas a promover el empleo registrado.
Para Alonso, este escenario no ofrece salida: “No hay proyecto de país viable con este modelo. Le tenemos que poner un freno en las elecciones del 26 de octubre. Un freno al ajuste, la desigualdad, la desidia y a la deshumanización que trajo el Gobierno de Milei”, concluyó.
